La violencia política que marcó los últimos 70 años en Colombia sigue cobrándose víctimas, como los 648 asesinados en 2018, a pesar de la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla FARC y con el agravante de que los victimarios se han vuelto anónimos.

Esta es la principal conclusión a la que llegó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que presentó este jueves en Bogotá su informe "Violencia camuflada. La base social en riesgo" en el que aseguró que con sus crímenes los victimarios ya no buscan fijar una posición política sino eliminar al enemigo.

En términos absolutos, el Cinep, centro de investigación social de la comunidad jesuita, registró 2.252 víctimas de algún tipo de violaciones de derechos humanos en 2018, de las cuales 1.151 fueron amenazadas de muerte, 304 sufrieron lesiones físicas, 49 atentados, 22 desapariciones y tres agresiones sexuales, entre otros, además de los asesinados.

También hubo un aumento del 25 % en los homicidios de ciudadanos y un 32 % de las amenazas de muerte desde 2016.

"Uno de los casos que nos impresiona y nos preocupa es que los líderes sociales aparecen asesinados por personas desconocidas que no se identifican, por encapuchados, 'desconocidos' que llegaron en una moto. Hay un gran porcentaje de casos en el que el anonimato del victimario ha ido ganando terreno", dijo el sacerdote jesuita Javier Giraldo en la presentación del estudio.

Este anonimato contrasta con lo que ocurría en la década anterior, cuando había grupos paramilitares que reivindicaban esos asesinatos y lo hacían a cara descubierta, como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se hace llamar un grupo de la banda criminal Clan del Golfo.

Aunque ahora lo hagan con la cara oculta y sin reivindicar las muertes, la estrategia es la misma que entonces porque "la tendencia a acabar con los movimientos de base es la nueva justificación para que emerjan nuevas metodologías de violencia político social", según el informe.

Entonces, los objetivos eran los militantes de fuerzas de izquierda, una tendencia que se ha diversificado con el surgimiento de "otros movimientos alternativos", como dice Giraldo.

"Conservando la misma metodología de represión y eliminación, ya no reivindican ni siquiera un nombre de estos grupos paramilitares sino que llegan dos o tres personas en moto, con una capucha, disparan y se van. Y el crimen queda en el completo anonimato con una imposibilidad absoluta de que sean investigados y el victimario sea identificado", resume el jesuita.

Pero, "¿por qué es tan difícil identificar a los victimarios? Porque ahora se ocultan bajo las etiquetas de desconocidos, hombres armados, hombres encapuchados o simplemente sin información", como apunta el informe.

Quienes más han sufrido esta represión son los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que contaron hasta 94 muertos en 2018 y otros 18 en lo que va de año.

Guillermo Cardona, miembro de la Confederación Nacional de Acción Comunal, considera que la militancia política ya no importa a la hora de ser asesinado, sino que ahora estos grupos atentan contra los defensores del territorio.

"No hay militancia política de izquierdas porque la han eliminado. (Ahora asesinan) porque se defiende el territorio, por apoyar la sustitución de cultivos (ilícitos). Lo que hay detrás son los intereses del gran capital", resumió en la presentación del estudio.

Cardona lamenta que no haya una política pública para proteger a estas asociaciones y que la única respuesta del Estado sean los esquemas de seguridad para proteger a los amenazados de muerte.

"El pecado más grande del Estado colombiano es la omisión y la indiferencia en las muchas propuestas de la Acción Comunal", resume Cardona.

Además de los miembros de las JAC, los indígenas, los reclamantes de tierras y los excombatientes y militantes del partido político FARC, surgido de la desmovilización de esa guerrilla, están en el punto de mira de nuevos grupos paramilitares.

Por eso, Giraldo aprecia "un regreso" a los orígenes del paramilitarismo como consecuencia del decreto 2362 del Gobierno de Colombia, que habilita al Ejército a expedir "las autorizaciones especiales" de armas "que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda teniendo en cuenta entre otros factores las condiciones particulares en cada solicitud".

Con esta norma del 24 de diciembre de 2018, orientada a prohibir el porte de armas, el jesuita cree que se está volviendo al que fue "el principio rector" del paramilitarismo en décadas pasadas: "difuminar la frontera entre lo civil y lo militar".

EFE